FORO INTERNACIONAL DE CRIMINALISTICA, CIENCIAS FORENSES Y DERECHOS HUMANOS

La Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos ASFADDES, nace a raíz de
la aplicación de la doctrina de la Seguridad Nacional en la década de los 80.
ASFADDES creció desde entonces al ritmo dramático como se incrementaron las
violaciones a los derechos humanos y particularmente las desapariciones forzadas.
Conjuntamente a lo largo de su existencia, ASFADDES ha tenido que luchar contra la
impotencia que genera la desaparición forzada, en un contexto de precariedad y de
frecuentes amenazas a su trabajo.
El primer caso registrado de desaparición forzada en Colombia y reconocido como
modalidad represiva para eliminar opositores políticos al régimen, nos remonta al año
1977 con la detención desaparición de Omaira Montoya Henao, bacterióloga con tres
meses de embarazo y militante de izquierda.
Desde el surgimiento de ASFADDES en 1982 a la fecha, más de 7136 desapariciones
forzadas están registradas oficialmente, siendo responsables por acción u omisión en su
mayoría agentes estatales y grupos paramilitares que actúan con la aquiescencia y
tolerancia del Estado.
Casos concretos que evidencian esta realidad fueron demostrados recientemente con el
fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual condena al Estado
Colombiano por su responsabilidad en la detención desaparición en octubre de 1987 de
19 Comerciantes, en la región del Magdalena Medio por el grupo paramilitar los
“macetos” y el caso de la detención desaparición de 43 personas en Pueblo Bello región
del Uraba antioqueño hecho ocurrido el 14 de enero de 1990 que recientemente esta
misma Corte admitió para su investigación y fallo.
En el contexto actual, específicamente la negociación entre el gobierno nacional y los
paramilitares, evidencia un dialogo entre amigos y no una verdeará política de paz, los
familiares de las victimas lo concebimos como un “monologo” entre victimarios y
gobierno, gestado desde el Estado para perpetuar la impunidad y las leyes de perdón y
olvido; no podemos desconocer que el paramilitarismo desde su gestación hasta el
pleno desarrollo de su barbarie, ha sido responsabilidad del Estado colombiano.
El gobierno de Uribe viene desconociendo a los sectores victimizados y sectores
populares en la participación y construcción de la política de paz que genere los
cambios sociales necesarios, para que los colombianos alcancemos una vida digna con
justicia social; por el contrario lo que se pretende es favorecer a los responsables de
crímenes atroces cuando se ha sentado a concertar beneficios por medio de reformas a
la Constitución y la Ley, dirigidas a favorecer a los victimarios, olvidando que hay una
sociedad interesada en conocer y participar en la construcción de una verdadera política
de paz.
El conflicto que vive Colombia exige un verdadero compromiso encaminado al
cumplimiento de los plenos derechos establecidos en la Constitución, la Ley, los
tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por Colombia,
especialmente en lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos.
Como familiares de las victimas afectados en el tiempo, estamos convencidos que una
política de paz debe plasmar postulados que permitan garantizar nuestro derechos a la
verdad, la justicia y la reparación integral.
El gobierno ha dicho que se garantiza el derecho a la Verdad, en la medida en que se
contemplan investigaciones judiciales y condenas penales. A nuestro juicio la formula
que propone el gobierno, no satisface el derecho inalienable de las victimas y de la
sociedad a conocer la Verdad, ya que no se agotan los procedimientos que promuevan
la investigación seria y a fondo de los hechos, por otra parte, no se establecen
mecanismos para el conocimiento publico de lo que paso, de la identidad de los
responsables y de la magnitud de los daños causados a las victimas.
El derecho a la Verdad no solo tiene dimensiones individuales para las victimas y sus
familiares, también tiene unas dimensiones colectivas, pues la sociedad debe concebir
una visión de las atrocidades que ocurrieron, para recuperar la dignidad de las victimas
y evitar la repetición de los hechos atroces, Como victimas no renunciamos a conocer
que paso con nuestros familiares, donde están? que hicieron con nuestros seres
queridos ? Quiénes se los llevaron?, por eso, es indispensable conocer y asimilar la
verdad para iniciar un proceso de recuperación social.
El derecho a la Justicia es irrenunciable y se debe garantizar en cualquier proceso de
negociación, es necesaria para establecer los juicios y sanciones ejemplarizantes acordes
a la gravedad del delito, como única manera de erradicar la impunidad y dignificar a las
victimas. La justicia debe ser el cimiento de la construcción de un verdadero proceso de
paz que perdure en el tiempo.
La Reparación Integral, debe ser publica; haciendo explicita las causas, sentidos y
fines de lo que ha venido sucediendo por la grave y sistemática violación a los derechos
humanos y crímenes de lesa humanidad. Los familiares de las victimas exigimos se
rechace, se repudie y se proscriban estas practicas atroces en nuestro país.
La Reparación debe ir de la mano con la justicia, con la punibilidad a los crímenes de
lesa humanidad entendiendo esa punibilidad no como venganza, sino en el marco de la
prevención general, es decir que se asuma y entienda que estas conductas no pueden ser
consentidas socialmente y menos aun aceptar su repetición.
La Reparación Integral solo puede ser aceptada en los términos de la recuperación de
la Memoria Histórica, como reconocimiento del derecho de los pueblos.
Para los familiares, una paz negociada a espaldas de la población civil y de las victimas
directamente afectadas por estos crímenes, con amnistía e indultos, sin castigos acordes
a la magnitud del delito, dejando intactas las estructuras y mecanismos que producen
dichos crímenes no la aceptamos; si los mecanismos que han hecho posible el horror no
se desmantelan continuaran con la capacidad de perpetuarse y seguirá la impunidad,
bajo el manto de indemnizaciones económicas y reparaciones materiales; sin resarcir a
la persona en su dignidad moral, familiar, política y sico - social.
Olvidar significa no existir para la historia, es borrar el sufrimiento, el dolor y los
proyectos de tantas victimas, que generaron vida en sus luchas y protestas, en sus
procesos reivindicativos, en sus acciones transformadoras.
Olvidar es guardar un silencio cobarde, conciente y permisivo, encubrir los delitos
cometidos y las causas estructurales que lo provocaron.
Lo expresado en este espacio, recoge el sentir de lo de los familiares victimas del delito
de Desaparición Forzada; congregados en la Asociación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos ASFADDES, quienes no avalamos, ni reconocemos, ninguno de los
proyectos de Ley presentados hasta el momento al Congreso de la Republica; hasta
tanto no recojan integralmente el derecho a la Verdad; la aplicación de la Justicia y la
Reparación Integral en los términos concebidos por las victimas.
“ Quedara algo más de nosotros, que el gesto o la palabra, este deseo
candente de derrotar la impunidad...”

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
ASFADDES[/color][/font]